El gobierno santafesino avanza en el recupero de los costos tras más de 400 denuncias que saturaron los juzgados. El 95% de los involucrados son menores y la medida apunta a responsabilizar a los adultos por los gastos de investigación.
La proliferación de amenazas en escuelas en distintos puntos del país encendió alarmas en las autoridades y derivó en un volumen inédito de denuncias. En este contexto, la provincia de Santa Fe logró identificar a 73 personas como responsables de estos hechos intimidatorios, en una situación que generó una fuerte presión sobre el sistema judicial.
Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre el 15 y el 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias en toda la provincia, un número que da cuenta de la magnitud del fenómeno. Este caudal de presentaciones provocó una saturación en los juzgados, obligando a desplegar una serie de operativos de investigación en múltiples puntos del territorio.
El escenario se caracteriza por una particularidad central: el 95% de los involucrados son menores de edad, lo que introduce una complejidad adicional en la respuesta institucional y en la determinación de responsabilidades.
Operativos, secuestros y un alto costo estatal
La respuesta a las amenazas implicó un despliegue operativo significativo por parte de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. En el período analizado, se concretaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en el marco de las investigaciones en curso.
Durante estos procedimientos se secuestraron diversos elementos, lo que refleja la amplitud de los operativos realizados:
En paralelo, se llevaron a cabo 158 intervenciones vinculadas con amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 se concentraron entre el 16 y el 20 de abril, mientras que 10 ocurrieron el día 21. Cada uno de estos operativos implicó un costo económico considerable para el Estado.
De acuerdo con la información oficial, el gasto base estimado por procedimiento oscila entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales necesarios para su ejecución. Este dato se convirtió en uno de los ejes centrales de la respuesta gubernamental.
La decisión de cobrar los operativos
Frente a la magnitud del fenómeno y su impacto económico, el gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida concreta: efectivizar el cobro de los operativos a los responsables. Dado que la mayoría de los involucrados son menores, la responsabilidad recaerá sobre los adultos a cargo.
La secretaria de Gestión Institucional provincial, Virginia Coudannes, explicó que esta decisión se basa en la gravedad de los hechos. "No es broma, es un delito", afirmó, al tiempo que subrayó que las amenazas generan consecuencias reales en términos de seguridad y movilización de recursos estatales.
La funcionaria también remarcó que las investigaciones continúan en curso y que el monitoreo del fenómeno sigue activo. En ese marco, sostuvo que "las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder".
Cómo funciona el proceso de recupero
El mecanismo diseñado por la provincia para recuperar los costos de los operativos se activa una vez que se logra identificar a los responsables. A partir de ese momento, se inicia un procedimiento administrativo específico.
El proceso incluye varias etapas:
Una vez completadas estas instancias, los adultos responsables reciben una notificación que les otorga un plazo determinado para cumplir con la obligación económica. Este esquema busca trasladar el costo de los procedimientos a quienes generaron la situación que los motivó.
Replicación de medidas en otras provincias
El enfoque adoptado por Santa Fe encuentra eco en otras jurisdicciones. En Córdoba, el Ministerio de Seguridad dispuso una medida en la misma línea: las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos policiales.
En esa provincia ya se registran 29 alumnos imputados por este tipo de hechos, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a un solo territorio y que las respuestas institucionales comienzan a alinearse en torno a criterios similares.
