El descongelamiento salarial impulsado por decreto impacta en toda la cúpula del Poder Ejecutivo. Mientras el Gobierno lo justifica como un "sinceramiento", el Presidente asegura que su propio sueldo quedó rezagado.
El Gobierno nacional dispuso un fuerte incremento en las remuneraciones de más de 1.000 funcionarios, que desde junio pasarán a percibir salarios de hasta $8.019.838 brutos, acumulando un aumento del 123,8% en apenas cinco meses. La medida se formalizó a través del decreto 931/2025, firmado el 2 de enero, y marca un cambio significativo respecto del congelamiento salarial que se había mantenido durante casi dos años.
El propio presidente Javier Milei había defendido públicamente la política de ajuste al afirmar: "¿Saben a quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí". Sin embargo, el impacto de la actualización alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores de la administración pública.
Alcance de la medida
El decreto habilitó la actualización de los ingresos de una amplia estructura estatal, que incluye:
En contraste, quedaron exceptuados de esta recomposición el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos salarios brutos se mantienen en $4.066.018 y $3.764.821, respectivamente.
Evolución de los salarios ministeriales
El aumento se aplicó de forma escalonada, replicando las paritarias del sector público. En el caso de los ministros, la evolución salarial muestra una suba sostenida:
También perciben montos equivalentes los secretarios con rango ministerial, entre ellos Karina Milei, María Ibarzabal Murphy, Cristian Ezequiel Auguadra, Javier Cifelli, Sebastián Amerio y Andrés Vázquez.
Ajustes en otras categorías
El impacto del decreto también se refleja en los niveles intermedios del Estado:
Secretarios:
Subsecretarios:
En todos los casos, los incrementos acumulados alcanzan el 123% entre diciembre y mayo.
Argumentos oficiales y contexto inflacionario
Desde el Gobierno justificaron la decisión en tres factores principales, tales como el prolongado congelamiento salarial previo, la fuga de funcionarios y la pérdida de poder adquisitivo.
Según cálculos oficiales, el aumento inicial del 98,9% en enero (más ajustes posteriores) se ubicó por debajo de la inflación acumulada entre enero de 2024 y enero de 2026, estimada en 194,6% por el Ejecutivo. No obstante, datos del INDEC sitúan ese índice en 144% para el mismo período.
Fuentes oficiales aclararon que "no hubo retroactivo" y que el incremento se aplicó sobre el salario de enero, ajustándose luego por paritarias. En ese marco, también se plantearon críticas internas sobre regímenes diferenciales, como el caso de jueces que no tributan Ganancias o sectores con beneficios específicos.
Condición fiscal y antecedentes
El esquema salarial incluye una cláusula de resguardo: si se rompe el equilibrio fiscal, los aumentos se suspenden automáticamente. Esta condición busca alinear la política salarial con la estrategia económica general del Gobierno.
La decisión se inscribe en una serie de idas y vueltas en torno a los ingresos de la planta política. Tras un congelamiento inicial, en febrero de 2024 se había autorizado un aumento del 48%, lo que generó cuestionamientos y posteriores revisiones. En ese contexto, el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, había afirmado: "El sueldo de ministro, en mi caso personal, no me alcanza para vivir".
Además, las actualizaciones automáticas en las dietas de legisladores y senadores —que superaron los $6 millones y $11 millones brutos, respectivamente— incrementaron la presión sobre el Ejecutivo para avanzar en una recomposición salarial de sus funcionarios.
